Javier Corral Jurado
La Silla Rota
Este fin de semana ofrecí una conferencia de prensa en la capital de mi Estado sobre la Reforma Educativa. Convoqué a los medios para explicar los contenidos de la nueva legislación y atajar la desinformación que se ha propalado en torno de sus consecuencias. Hasta ahí llegaron en son de protesta varios maestr@s que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que han constituído el movimiento de Insurgencia Magisterial Chihuahuense, para expresarme su inconformidad y reprocharme mi voto a favor de las reformas educativas. Lo consideran “un error”, luego me hacen parte del “atraco” y al final resulto un “traidor”.
Invité a una comisión de ellos a sentarse a la mesa de nuestro desayuno y participar de la reunión con los medios, para que expusieran también su punto de vista y tuviéramos un diálogo serio sobre lo aprobado esta semana en el Congreso de la Unión. Además de la franqueza y absoluta apertura con la que nos hablamos, imperó el respeto entre nosotros, y el interlocutor principal, el profesor Noel García, realizó un planteamiento muy bien estructurado, y aunque duro en algunos momentos, en otro lo sentí afectuoso por la expresión pública de un reconocimiento hacia mi persona, que contrastó con lo que decían algunas cartulinas; lo agradezco desde aquí.
Coincidimos muy poco, y las partes nos mantuvimos esencialmente en nuestro macho. Ellos descalifican la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución y en mi caso la defiendo y catalogo como un avance muy importante. No creo que vulnere los derechos humanos, como ellos sostienen. Pienso y defiendo que los titulares del derecho a la educación, no son los profesores, sino los educandos, y que lo tienen a una educación de calidad para el mayor logro académico. El profesor es sujeto esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, pero el destinatario final de esa garantía son los ñiñ@s de México.
La diferencia sustancial radica en el enfoque mucho más ideológico que pedagógico o educativo en la posición de los profesores de la CNTE: todo el esfuerzo legislativo es fruto de un plan que llevan acabo los organismos financieros internacionales, encabezados por la OCDE, para privatizar la educación y seguir otorgando privilegios “a los de arriba”. Por lo tanto, los que impulsamos estas reformas estamos sirviendo a esos intereses y traicionamos “a los de abajo”. La polémica me da oportunidad de explayar mi punto de vista y ofrecer algunas de las razones por las que voté a favor, e incluso de los motivos que me llevaron a meterme mucho más al tema educativo; de hecho, en mi carrera parlamentaria, es la primera vez que formo parte de la comisión de educación.
Estoy convencido que el gran déficit de ciudadanía que tiene nuestra democracia, tiene una historia educativa y comunicacional atrás. La ausencia de un sistema democrático de medios masivos de comunicación, comprometidos con el servicio público, y el fracaso del modelo educativo, explica la lentitud, precariedad y vulnerabilidad de nuestro proceso de transición democrática. Tan expensas al poder del dinero y tan manipulado por las estrategias de la propaganda negra y la desinformación. En lo económico, no hay duda de que la miseria y la ignorancia son las caras de la desigualdad.
Dedicado durante muchos años a reformar la legislación de medios, decidí entrarle al otro flanco de la solución de fondo que es elevar el nivel de educación de los mexicanos. En ese impulso conté con la animación y la promesa de orientación tanto de Ricardo Raphael como de Jorge Javier Romero, quienes ya habían dado forma a la coalición ciudadana por la educación. Reconozco en ellos una posición informada, conocedora, equilibrada y realista sobre las posibilidades de transformación tanto del modelo docente como del sistema pedagógico que debería impulsarse en México, a la vista el enorme fracaso en varios indicadores.
Pero la realidad es un dato del que no se hacen cargo los discursos que resisten a las reformas. Aunque ha habido un aumento en la cobertura, nuestro gran problema se centra en la calidad. México se ubicó en el lugar 107 de una muestra de 142 países, en materia de calidad del sistema educativo.
Los resultados de tres pruebas estandarizadas e independientes entre sí (EXCALE, ENLACE y PISA) coinciden en que un porcentaje importante de estudiantes en México no está aprendiendo los contenidos mínimos para desarrollar sus capacidades intelectuales. De acuerdo a los resultados de la prueba Enlace de 2012, sí bien hay avances, la mayoría de los alumnos siguen mostrando un desempeño elemental o insuficiente en matemáticas (55.7%), español (58.2%) y ciencias (68.6%).
Estos porcentajes contrastan con la inversión pública en educación, en donde México supera la media internacional. La mayoría de ese presupuesto es destinado a la nómina magisterial; el gasto por alumno está entre los más bajos de las naciones que integran el club de los países ricos. En el documento “Panorama Mundial de la Educación 2012” se apunta que nuestro país destina 2 mil 857 dólares por escolar, mientras que Suiza, país con el primer lugar en este rubro, destina 14 mil dólares por escolar. El gobierno mexicano invierte 9 de cada 10 pesos de su presupuesto a la nómina, es decir al pago de los docentes, entre los que se encuentran los maestros comisionados que no están frente a grupo pero que realizan funciones sindicales y administrativas. En este sentido los recursos destinados a otros insumos para el proceso de enseñanza-aprendizaje es limitado, así se refleja en el equipamiento, por ejemplo, de las escuelas a las que acuden los niños y niñas más pobres que frecuentemente no cuentan con requerimientos mínimos como electricidad, baños, piso, libros, ya no digamos computadoras, lo cual también se convierte en un factor más de desigualdad.
La Coalición por la Educación señala entre los factores de la baja calidad en la educación las reglas injustas que regulan la relación entre el SNTE, las autoridades educativas y la sociedad, así como el poder administrativo, político y económico con el que cuenta este sindicato al manejar la administración de los recursos humanos en la SEP y en los estados; al poseer el monopolio de la representación, la capacidad para movilizarse en forma electoral a través de sus operadores electorales y su propio partido político, el poder de veto a nivel estatal; y al percibir las cuotas obligatorias de sus miembros, los fideicomisos poco transparentes y un sinfín de recursos propios.
El gran conflicto que se genera con esta dinámica es que los docentes tienen incentivos políticos, más que académicos o profesionales para ejercer su labor, de tal manera que para avanzar profesionalmente deben ejercer una militancia sindical, ser disciplinados con las autoridades del sindicato, en vez de demostrar que cuentan con los conocimientos necesarios para impartir clases, que se actualizan, que desarrollan nuevas técnicas educativas. Y hoy este fenómeno se reproduce de igual o peor manera en las entidades donde la CNTE asentó sus reales, el otrora movimiento democratizador del sindicato de maestros que aglutinó la disidencia a “Vanguardia Revolucionaria” se ha vuelto muy parecido a lo que tanto criticó.
Lo que se genera gracias a estos mecanismos es un sistema en el que no se puede competir en igualdad de condiciones y quienes adquieren de este modo su plaza no cuentan con los conocimientos, ni la vocación necesarios. De este modo el sindicalismo magisterial se ha convertido en un órgano con influencia en la designación de maestros, directores y supervisores escolares, así como en el proceso de promoción en donde controla buena parte de las comisiones de la Carrera Magisterial.
El tiempo de enseñanza-aprendizaje es un elemento más que afecta la calidad. México cuenta con uno de los tiempos efectivos más bajos del mundo, de acuerdo al diagnóstico de la Coalición, sólo destinamos tres horas y media de clases por día hábil en primaria. Si a ello agregamos el ausentismo laboral en zonas rurales y urbanas que a veces es justificado y que otras tantas se da para actividades sindicales.
El rezago educativo es un lastre más de nuestro sistema educativo, para 2012 el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) registraba a 32 millones 269 mil 586 personas en esta condición, de acuerdo a las estadísticas para este año 5 millones, 214 mil 722 mexicanos no sabían leer ni escribir; 10 millones 132 mil 740 no contaban con la primaria terminada y 16 millones 922 mil 124 no contaban con la secundaria completa.
La UNESCO en su informe “Educación para todos el Imperativo de la Calidad” señala que una educación de calidad se caracteriza por dos principios: “el primero considera el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importante de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un indicador de la calidad de la educación que ha recibido; el segundo hace hincapié en el papel que desempeña la educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, así como en la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del educando.”
En las dos declaraciones más recientes de conferencias de las Naciones Unidas centradas en la educación, tanto la Declaración Mundial sobre Educación para Todos de 1990 como en el Marco de Acción de Dakar de 2000 se afirma que la calidad constituye el centro de la educación. De este modo debe verse como un componente esencial del derecho a la educación y debe estar contenida en las políticas públicas, es responsabilidad primaria del Estado Federal y de las entidades federativas.
Por ello, concurrí a la reforma constitucional bajo la iniciativa que presentó el Pacto por México, y a la cual el Congreso mejoró sustancialmente sus contenidos. En el senado particularmente nos empeñamos en que una de las características de la educación fuera la calidad. Las adiciones constitucionales tuvieron como eje esencial recuperar la rectoría del Estado frente a ese fenómeno de colonización del sindicato al sistema educativo; sentar las bases para que la evaluación estuviera a cargo de un órgano técnico (INEE) con plena autonomía e independencia y los resultados de esa evaluación tuvieran una consecuencia real para todos los actores del proceso educativo. Ahí se puso fin a los criterios político-sindicales para determinar el reclutamiento de nuevos docentes al crear un servicio profesional, se obligó un sistema nacional de información y gestión educativa para saber cuántos profesores realmente hay en el país y si están o no frente a grupo, qué están haciendo, además de un balance real de la infraestructura educativa. Por supuesto que se trata de la parte político-administrativo de la reforma educativa, pero era indispensable para poder avanzar en las asignaturas pendientes.
Voté las tres leyes reglamentarias a favor, y puedo en cualquier foro, ofrecer mis razones.
Debo reconocer que mi voto en la Ley del Servicio Profesional Docente fue más complejo; de hecho para toda la bancada panista, pues en lo general la aprobamos, y en lo partícular presentamos varias reservas. Batallé para resolver mi voto a favor, no sólo por el vínculo moral que se me formó con esa banda que liderean Ricardo Raphael y Jorge Javier Romero, sino también porque me di cuenta del desaseo que realizó el Consejo Rector del Pacto por México al procesar más de cien ajustes al dictamen ya votado por comisiones de la Cámara de Diputados, en una abierta, flagrante expropiación de facultades legislativas. Esos cambios de última hora, empeoraron el ya de por si mal diseño.
Lo he calificado como malo el diseño porque en lugar de poner énfasis en la obligatoriedad de la capacitación, la actualización y la mejora continua de la practica profesional, y ahí sí, generar sanciones hasta de rescisión de la relación laboral, se acentuaron las consecuencias en el tema de la permanencia. En este modelo, opcional el programa de actualización y de mejora continua, un profesor puede pasarse seis años sin leer un sólo libro, esperando tranquilamente su reubicación a otra función.
Pero mi voto se decantó a favor en lo general de la reforma por una valoración integral de las tres leyes , en el marco de la política real en la que actúa el Congreso, las dinámicas parlamentarias y partidistas, la manera en que se cerró la discusión para corregir, sin duda, bajo la presión de las prisas políticas que generó el estrangulamiento de la Ciudad de México a cargo de la CNTE.
En lo general debíamos hacer avanzar la legislación. No podía dejar de reconocer que esta ley nos da dos razones sustantivas para ello: incorpora mecanismos de ingreso a la docencia distintos a los que hasta hoy han prevalecido, y también porque ha colocado a la evaluación como un principio importante en el proceso educativo. Dos de nuestros grandes objetivos.
Se generen, a nivel nacional, las bases del ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el servicio educativo, así como para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Los criterios que deben tomarse en cuenta son: mérito del maestro en su desempeño individual, además de asegurar la satisfacción de los requerimientos del perfil respectivo.
El tema de la permanencia está en el centro de la preocupación magisterial, con base en sus derechos laborales adquiridos, pues de acuerdo a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado teniendo base cuentan con inamovilidad. Les asiste toda la razón para procurar su estabilidad laboral. El absurdo es convertir esa garantía de inamovilidad en impunidad para faltar a sus deberes más elementales, e incluso para que en el mayor extremo planteado por la ley, tres evaluaciones negativas en un periodo de seis años, se resistan a por lo menos ser reubicados a otras tareas, sin perder su plaza o incorporarse a programas de retiro voluntario. Han magnificado de tal manera las consecuencias de la evaluación, que han trasladado a la sociedad un mensaje de irresponsabilidad y holgazanería que, en efecto, no define a la mayoría de los maestros.
En la campaña de la desinformación que actualmente se lanza en varios estados, entre ellos el mío, algunos mentores asustan a los padres de familia al decir que con éstas reformas se va a privatizar la educación, a partir de la interpretación que realizan de un artículo transitorio de la reforma constitucional sobre la autonomía de gestión de las escuelas que, más allá de aquella redacción, ha quedado superada cualquier posible ambiguedad en los ajustes reglamentarios a la Ley General de Educación, pues queda claro que el objetivo de la autogestión es promover una mayor participación e involucramiento de padres de familia y maestros para fortalecer la planeación e impulsar la mejora encaminadas a las necesidades particulares de cada centro escolar. Además se incorporó con toda claridad la prohibición de condicionar la prestación de los servicios educativos a cargo del Estado a la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en numerario, bienes o servicios.
La reforma no atenta contra los derechos de los profesores. Amenaza sí con remover frente al grupo escolar a quienes muestren tal insuficiencia que haga irresponsable mantenerlos en la enseñanza. La reforma sí amenaza la abulia y la indolencia en la actualización y mejoramiento de la práctica profesional de los mentores; pero son los menos. Eso sí, a veces los más grillos. Es hora de empezar a sacudirnos a quienes no contribuyen y sí empañan la enorme dignidad y trascendencia social de quienes ejercen el magisterio, una de las vocaciones más solidaria, de plena realización personal y social pues el Maestro se encuentra así mismo en el servicio a los demás.
