Javier Corral | La Silla Rota
En el país, abiertos muy distintos flancos de la inconformidad social, diversos sectores marchan y toman las calles para protestar por la regresión autoritaria que vivimos, tomada de la mano de la profunda corrupción política que marca al gobierno; la pareja histórica de nuestro subdesarrollo.
La expresión ciudadana en las calles tiene causas diversas en lo político, lo económico y lo social. La impunidad es una provocación continua que crea un caldo de cultivo a una mayor tensión social. Está abierta la herida de Ayotzinapa. Se le quiere echar tierra a los fusilamientos de Tlatlaya. El manejo financiero y hacendario del gobierno se ha vuelto contra las familias, aumentan los impuestos, la gasolina, los precios de todos los bienes, productos y servicios; la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos, sumado al desempleo, al subempleo y al deterioro brutal de las condiciones de trabajo. El endeudamiento es irresponsable.
Junto al fracaso de quienes ofrecieron su experiencia innata para gobernar, está colocado un gran cinismo político. El escupitajo de la Casa Blanca en la cara de los mexicanos y su explicación ridícula, lanza la irritación ciudadana muy lejos. En realidad el conjunto de escándalos de las casas multimillonarias del Presidente, la de su esposa, las del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y la del Consejero Jurídico del Presidente, así como la manera de operar para que estos asuntos se diluyan o ya no se traten en los medios, aumentó el repudio social que desató Ayotzinapa y ha provocado la mayor desconfianza a un gobierno con poco mas de dos años de gestión. La imagen del Presidente de la República está en el suelo.
Liquidada la posibilidad de la ansiada legitimación por parte de Peña Nieto, ante el déficit de credibilidad con el que llegó, el grupo mexiquense que controla al gobierno decidió continuar sin más la marcha de la administración cargando por el resto del sexenio con todas sus abolladuras; sólo que a su intrínseca naturaleza de grupo político corrupto y corruptor, esto es, a la cooptación – su estrategia de funcionamiento -, ha sumado la táctica intimidatoria. Se busca inhibir la protesta social infundiendo miedo.
En esa combinación de estrategia y táctica el gobierno federal nos ha volcado décadas atrás en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Crece impunemente el control sobre el conjunto de los medios de comunicación a partir de un aumento exponencial del presupuesto en materia de publicidad, y con acciones de hostigamiento, presión y chantaje a periodistas y empresas de comunicación. La salida de varios comunicadores de distintos medios en los recientes meses, particularmente el golpe a Carmen Aristegui y el equipo de periodistas que producían el programa de radio más escuchado y critico de todo el país, marca indiscutiblemente la profundidad de la regresión. No es casual o descuido que el gobierno de Peña Nieto haya abandonado una de sus promesas de campaña y primera propuesta como Presidente electo: la de transparentar los recursos públicos destinados al gasto de comunicación y propaganda gubernamental. La cooptación necesita de opacidad.
Este es el conjunto de elementos que explica la imposibilidad ética, jurídica y política del actual gobierno para combatir realmente la corrupción en otros ámbitos y niveles de gobierno. El pacto de impunidad al que me he referido en varias ocasiones en este espacio, se ha reforzado con toda fuerza – paradójicamente – a partir de la propia debilidad del Presidente de la República. Ha perdido toda fuerza moral para imponerse, de hecho un grupo de actores políticos y sociales que nos hemos estado reuniendo en las ultimas semanas estamos convencidos de que es hora de que el Presidente Peña Nieto se separe del cargo, #QueSeVaya, pero de ello escribiré la próxima semana.
El problema de fondo, ancestral y profundamente injusto, es la desigualdad social, no hay duda. Pero la batalla instrumental más decisiva en contra de ese y otros problemas, es la batalla contra la corrupción política que lo primero que consigue es aumentar las disparidades entre pobres y ricos. La corrupción tiene como premisa mantener la pobreza y la ignorancia, porque llegan a ser aliadas en su propia defensa y es más fácil usar o intimidar a los que menos tienen y saben. No es casualidad que algunos de los personajes más corruptos del México actual usen a los más pobres y vulnerables como carne de cañón en actos de agitación, provocación o violencia.
Si México no resuelve sacudirse en serio por lo menos la corrupción política, el retraso e ineficacia de las políticas públicas y de cualesquier reforma estructural estará condenada al fracaso. Porque las redes que teje la corrupción son las más extendidas y transversales, afectan por parejo a pobres y ricos, cancela los sueños de realización profesional y social de los jóvenes y queda a deber a los mayores la retribución justa de su trabajo en la vida. La corrupción debiera ser la batalla central de la oposición, los colegios, las asociaciones, los medios, la iglesia, la escuela y las universidades; pero no provendrá de ahí porque estas instituciones fundamentales están también tocadas por ese mal. Vendrá de la ciudadanía que organizada en torno de este problema, acredite el esfuerzo pionero de concentrarse en esta causa.
De aquí surge la importancia de lo que está pasando en Chihuahua; el nacimiento del primer movimiento social y político de carácter plural que sale a las calles para combatir la corrupción, como eje esencial de una lucha cívica que quiere hacer viable la vía del derecho para castigar a uno de los rostros más cínicos e impunes de esa pudrición oficial que borró absolutamente la línea que separa los negocios privados del ejercicio público: el Gobernador del Estado, César Horacio Duarte Jáquez.
La fortuna inmensa del gobernador de Chihuahua amasada en los últimos años por la vía del saqueo de recursos públicos, el uso privilegiado de información, el otorgamiento de contratos de obras y servicios a cambio de jugosas comisiones, licitaciones amañadas y con altos sobreprecios en la compra de medicamentos, el aprovechamiento de su cargo para apañar negocios de todo tipo, entre ellos hacerse de una gran cantidad de los mejores ranchos en la vasta geografía de la entidad y convertido en uno de los mayores exportadores de ganado a los Estados Unidos, así como su ilegal e inexplicable participación accionaria en el banco Progreso de Chihuahua, desató tal irritación en la sociedad chihuahuense que dio pie a la constitución del movimiento Unión Ciudadana que aglutinó liderazgos de diversas corrientes ideológicas y distintos partidos políticos que nos hemos propuesto que este ratereaje sin parangón en la historia de Chihuahua no quede impune. Tope hasta donde tope.
El esfuerzo ha sido descomunal y la batalla se libra en un terreno muy disparejo; con nuestros propios recursos nos enfrentamos a una maquinaria estatal – el presupuesto público y todos sus mecanismos de coerción -, para desplegar la información en medio de un ambiente sofocado en la mayoría de los medios de comunicación. Son las redes sociales, esencialmente, por donde el mensaje se transmite y la acción es convocada. Pero no nos hemos quedado en el “like”, o en simple “posteo” de la denuncia y el “chat”. Eso es importante, pero lo que realmente nos confirma ciudadanos es la decisión de que lo virtual se traduzca en insurgencia cívica en las calles, de la plataforma digital a la plaza pública como única alternativa para combatir al tirano.
Lo hicimos el pasado 28 de febrero en la capital chihuahuense, pese a las distintas acciones que César Duarte llevó a cabo para tratar de impedir la manifestación. Ese día el corrupto y mitómano se mostró de cuerpo entero, recurrió a distintas formas de boicot; desde un día antes imprimió miles de volantes que hizo distribuir en la ciudad informando que se cancelaba el acto usurpando nuestro lema y logo, replicando de manera grotesca nuestras frases del “tirano ladrón”. En la madrugada mandó instalar un mega templete para ocupar la plaza y empalmar a nuestro acto un festival musical sin gente, porque cerró las calles al tránsito vehícular veinte cuadras a la redonda. Fracasado el intento de boicot y reunida en la Plaza Hidalgo la manifestación de más de 2 mil personas que acudieron al llamado de Unión Ciudadana, mandó entonces a empleados y funcionarios tanto municipales como estatales para provocar y agredir a los ciudadanos, con el apoyo de la policía; buscaba provocar un acto violento y desatar la represión. En un video producido por Unión Ciudadana que se encuentra en YouTube bajo el título “Los Porros de Duarte” (http://youtu.be/h8YfrPepLkw), cuya realización estuvo a cargo de Oscar Hernandez, se documentaron exactamente los hechos y se identificaron plenamente a los responsables de la agresión. Nada ha sucedido porque, por supuesto, esta táctica intimidatoria cuenta con la descarada complicidad del fiscal estatal Jorge González Nicolás, aquel que alguna vez me fue presentado por una empresaria juarense como “un funcionario honesto e íntegro”, hoy convertido en el guardaespaldas del corrupto. ¿Qué se puede esperar de un gobierno cuando quien debiera perseguir los delitos, termina protegiendo a los delincuentes?. Donde la policía está corrompida, el sistema judicial es venal, y los políticos hacen de las suyas. Ese es el tamaño del daño que provoca la corrupción política.
Por eso la lucha de Unión Ciudadana en Chihuahua tiene una importancia cardinal, al enfrentar los ciudadanos la corrupción se les responde con la táctica intimidatoria. Es la doble vertiente de la tiranía de César Duarte, corrupta y corruptora. Porque el que provoca el miedo, corrompe, y debe ser tratado como un corruptor. La estrategia intimidatoria es vieja entre los métodos fascistas. Desparramar el miedo facilita la tentación autoritaria en el ejercicio del poder. Kurt Goldstein, psicólogo testigo de la época hitleriana, escribió: “No existe mejor medio de esclavizar a la gente y de destruir la democracia que crear en las personas un estado de miedo”. Los totalitarismos de cualquier signo la recurren para conseguir de los ciudadanos la más denigrante huida del miedo: la sumisión.
No es el caso de los chihuahuenses. A diferencia de esa reacción natural en quienes buscan evitar “un peligro”, la gente de mi estado está librando la batalla y ganándole a esa táctica intimidatoria porque hemos visto una gran oportunidad, sentar un precedente que sirva para todo el país en el combate a los políticos y funcionarios corruptos. Saldremos de nueva cuenta a la calle este próximo sábado 18 de abril. Una marcha del silencio ha sido convocada desde la glorieta de Francisco Villa hasta la Plaza de Armas, frente a la Presidencia Municipal, en defensa de nuestras libertades políticas de manifestación y asociación. El silencio es un recurso que podemos usar sólo si lo hacemos para protestar, porque en un contexto de autoritarismo “pocas cosas pueden ser tan ensordecedoras como el silencio”, escribió Mario Benedetti.
Frente a la táctica de la intimidación, el valor ciudadano. Estoy seguro que los ciudadanos tomarán parte de la marcha del silencio el próximo sábado, en la medida en que les interese no sólo el futuro de la democracia en Chihuahua, sino en todo México.
