Javier Corral
El presidente Peña Nieto, con acuerdo de la mayoría calificada del Senado, asestó en marzo pasado un duro golpe a la independencia de la SCJN nombrando ministro a Eduardo Medina Mora. No sólo por carecer del requisito constitucional de la residencia efectiva en el país, sino por el motivo principal de aquel impulso, el vínculo estrecho con el primer mandatario. El presidente escogió a uno de sus cuates y forzó la decisión de investirlo de toga y birrete sin la más mínima experiencia judicial con una oferta aún más cuestionable y nociva: los dos siguientes relevos en el máximo tribunal se repartirían uno para el PRI y otro para el PAN. La propuesta del PRI está cantada desde hace un año, Raúl Cervantes; el PAN propondría en el camino.
El 30 de noviembre terminarán en su encargo dos ministros, Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero. El relevo está en marcha y hasta donde se sabe persiste el contubernio por el que se pretende adicionar a la designación de cuates, el reparto de cuotas entre partidos. No sólo nadie ataja o aclara que han desistido de la intención de hacer ministro al senador priísta, ni él mismo sale al paso de la polémica reinstalada, sino que, por el contrario, varios senadores del PRI salieron a abogar por su correligionario y colega legislador.
Consumar la intención no sólo confirmaría el cinismo político de la clase política gobernante, capaz de pasar por encima de cualquier institución con tal de asegurarse la impunidad tras su sexenio; daría cuenta también de lo indisoluble de la alianza del PAN con el gobierno de Peña Nieto, pues ese supuesto sólo podría concretarse si se reúne una mayoría calificada en el Senado. Pero partidizar a la Corte sería funesto para todos, en un momento en el que el sistema de partidos enfrenta el mayor desprestigio y el principal reclamo de la sociedad mexicana es el combate a la corrupción política, un reclamo de justicia efectiva. No tengo la menor duda de que significaría una provocación más a la sociedad.
Volver a forzar además la interpretación constitucional de los requisitos previstos en el Artículo 95 para ser ministro, es someter al máximo tribunal del país a una vulnerabilidad innecesaria, a un debilitamiento de proporciones insospechadas. Es claro que Raúl Cervantes no ha dejado de ser senador, pues la licencia lo separa de la función, pero no lo releva del cargo como lo exige la fracción VI de ese precepto. Tan es así que, en cuanto suspenda la licencia vuelve a ocupar su escaño en la bancada priísta.
Frente al momento actual que vive el país, sería mejor seguir el camino que señala la propia Constitución: “Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica”. Y este fue precisamente el inédito llamado que al presidente hizo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial, para que en la terna que enviará al Senado para la designación de los dos nuevos ministros se proponga a personas con trayectoria judicial y totalmente desvinculadas de cualquier influencia política que pueda afectar sus resoluciones.
Los jueces y magistrados federales recordaron que la independencia del Poder Judicial es un derecho humano irrenunciable y que el respeto a la autonomía judicial demostraría, por parte del presidente Enrique Peña Nieto, que “durante su gestión se privilegió el bienestar de México por encima de cualquier interés político o partidista”, dejando como legado al pueblo mexicano una “Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte, respetable y con la independencia necesaria para proteger los derechos de los mexicanos”.
No tiene desperdicio el ideal que conjugan en su solicitud respetuosa: “El pueblo mexicano agradecerá ese gesto de madurez política y de cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, pues anteponiendo el bienestar de la unión a intereses políticos o partidistas, dejará como legado al terminar su gestión una Suprema Corte de Justicia fuerte, respetable y con la independencia necesaria para proteger los derechos de los mexicanos”.
Habrá que esperar si en realidad existe esa madurez, o por lo menos impera la cordura.
