Cuando asumí el gobierno de Chihuahua el pasado 4 de octubre, se contaba con un saldo disponible de $21 millones de pesos en la Tesorería del estado. Ese mismo día se realizaron estimaciones de las necesidades de recursos para el resto del mes de octubre, así como del trimestre Octubre-Diciembre, estableciéndose en ese momento que se requería de recursos adicionales de alrededor de $2,300 millones de pesos, solamente para la operación regular del gobierno para concluir el año 2016.
La explicación principal de este déficit operativo se debe a que los flujos de ingreso del Gobierno del Estado no son constantes, es decir los meses de mayores ingresos son de enero a marzo; meses en los que se supone que con una administración eficiente deberían reservarse recursos para los meses de mayor gasto, como son noviembre y diciembre. Cuando estas reservas no se hacen, se llega a los últimos meses sin liquidez para afrontar el gasto corriente relativo a la operación propia del estado. Por otro lado, se detectó que en el transcurso del año en curso se realizaron ampliaciones presupuestales o convenios que implicaban gasto, sin tener por el otro lado el ingreso adicional que soportara estas ampliaciones.
Para solucionar esta situación, procedimos a solicitar un crédito bancario de corto plazo por $1,800 millones de pesos, la máxima cantidad posible en función de la situación financiera del estado, mediante un proceso competitivo en el cual participaron cinco instituciones financieras, que concluyó con la obtención del crédito con tasas y comisiones más bajas que en ningún otro crédito de estas mismas características que el gobierno del Estado haya obtenido en el pasado.
Los recursos obtenidos de este financiamiento, sólo serán suficiente para operar a un nivel básico durante el presente año y evidentemente no podrá ser utilizado para cubrir los pasivos que recibimos de la pasada administración. Nuevos hallazgos a lo largo de este trimestre nos permiten establecer que se requiere de $1,000 millones de pesos adicionales para concluir el presente ejercicio fiscal.
Cuando el 6 de octubre, a 48 horas de haber rendido protesta como gobernador del estado, tuve la oportunidad de reunirme con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presenté una propuesta de contención del gasto público en Chihuahua e incremento en la eficiencia recaudatoria que estimamos puede representar para el estado un flujo adicional de $1,750 millones de pesos en 2017 y solicité la concurrencia de fondos federales a fin de estar en posibilidades de realizar inversión pública el próximo año.
Entendemos que no es lo usual que los gobiernos de los estados acudan con un planteamiento de este tipo, y sentimos que este acto de responsabilidad presupuestaria no sólo no ha sido valorado en su justa dimensión, sino que de alguna forma se ha vuelto contra nosotros.
Tenemos conocimiento que en lo que se refiere al apoyo de cierre de ejercicio que la Secretaría de Hacienda ofrece a algunos gobiernos estatales, se han comprometido cantidades mucho mayores a entidades que no tienen una situación de emergencia como la nuestra, mientras que a Chihuahua ni siquiera se le asigna una cantidad similar a la de los últimos dos ejercicios fiscales, como había sido el ofrecimiento inicial, sino que se le reduce a menos de la mitad.
En su más reciente publicación de obligaciones financieras de estados y municipios, la Secretaría de Hacienda da cuenta de la grave crisis en la que se encuentra mi estado: la tercera deuda publica más elevada del país en términos absolutos, sólo detrás de la Ciudad de México y Nuevo León, la segunda más alta por habitante, en donde cada chihuahuense debe más de $14,000 pesos y la más alta del país en relación al Producto Interno Bruto estatal.
A la deuda de Chihuahua de casi $48,000 millones de pesos, hay que sumar el tremendo déficit presupuestal heredado de la administración anterior, de alrededor de $7,000 millones de pesos. En Chihuahua, el tiempo pareciera haberse detenido en el mes abril: a partir de esa fecha dejó de pagarse no sólo la obra pública, sino también medicamentos, gasolina, mantenimiento y seguros de vehículos, atención hospitalaria, transferencias a organismos y programas federales. En contraste, se gastaron más de $500 millones de pesos en pago de asesorías sin que exista en muchos casos justificación o evidencia del trabajo realizado, y se gastó en comunicación social más de 10 veces el presupuesto anual destinado a la atención a indígenas.
He señalado, y lo hago hoy aquí una vez más, que a esta situación de crisis en las finanzas de Chihuahua no puede ser ajeno el Gobierno Federal en su conjunto. Que Chihuahua requiere hoy de la solidaridad del Gobierno de la República como Chihuahua ha sido solidaria con la nación en el pasado.
Mi gobierno aspira a ser referente en materia de transparencia y de uso eficiente de recursos, y para ello hemos celebrado ya varios convenios con organizaciones no gubernamentales que nos han propuesto esquemas que esperamos pronto serán replicados por otras entidades federativas y por los otros órdenes de gobierno, tanto en lo local como en lo federal.
Es tiempo también de iniciar la discusión de un nuevo esquema de distribución de los recursos fiscales. No podemos en pleno siglo XXI continuar con un esquema literalmente del siglo pasado, ya que el vigente data de la administración de López Portillo. Convoco hoy aquí a mis compañeros gobernadores, a los Congresos Estatales, al Gobierno de la República y al Poder Legislativo Federal, a que iniciemos a la brevedad la discusión de un nuevo marco jurídico en lo relativo a coordinación fiscal, que permita que los estados y municipios que más se empeñen en el ordenamiento de su gasto y de su ingreso, puedan traducir ese esfuerzo en mayores bienes y servicios para sus habitantes, que desaparezcan los incentivos perversos y la discrecionalidad en la asignación de recursos, que se privilegie la transparencia y la equidad, y se establezcan las bases de un nuevo pacto federal.
Esta es la transformación profunda que los ciudadanos están esperando y por la que se expresaron mayoritariamente el pasado 5 de junio.
