CHIHUAHUA, Chih.- (apro).- Javier Corral cumplió los primeros 100 días al mando del gobierno de esta entidad y todavía no termina de limpiar el tiradero que le dejó su predecesor, el priista César Duarte Jáquez, a quien, tal como lo prometió en campaña, busca meter a la cárcel.
En entrevista con Apro y ya con evidencias concretas de las tropelías en la mano, el mandatario afirma que el de Duarte “fue un gobierno inescrupuloso, corrupto, ineficaz e irresponsable en el manejo de las finanzas.
Sin rodeos, añade que “construyó un modelo de delincuencia organizada para saquear las arcas del estado”, en colusión con otros exservidores públicos, como el extesorero, el exsecretario de Salud, el exiscal, así como empresarios emergentes.
Por esa razón, dice, el funcionario panista “nos estamos tomando el tiempo necesario (para denunciar)”.
Según él, hubiera sido muy ingenuo de su parte presentar las denuncias y querellas sin antes limpiar la Fiscalía y recuperar la independencia y autonomía del Poder Judicial, donde había más de 60 jueces de consigna y más de 13 magistrados impuestos por su predecesor.
“Necesitábamos desmontar la red de impunidad para poder actuar”, argumenta.
El desorden
En el catálogo de irregularidades cometidas por Duarte Jáquez durante su gestión, el gobierno de Corral ha documentado hasta ahora las siguientes:
–Distracción de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad.
En este punto, Corral encontró que al menos 250 elementos de la corporación fungían como escoltas de Duarte y su familia y de la mayoría del su gabinete. Desde su llegada al gobierno, Corral dejó a 90 elementos intactos y el resto fue enviado a cumplir funciones operativas.
Como parte de sus investigaciones, refiere que los hijos de Duarte tenían también a su disposición dos camionetas blindadas en la oficina de la representación del gobierno en la Ciudad de México, entre otras prebendas.
Por si fuera poco, comenta que Duarte había acomodado a un grupo de su escolta personal como empleados del Poder Judicial, cinco de los cuales fueron despedidos por el actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Julio César Jiménez Castro.
En la anterior administración, todo mundo tenía custodia y utilizaban indebidamente camionetas blindadas. A la fecha, detalla, se han recuperado 67 unidades que tenían a su servicio funcionarios duartistas y sus familiares.
Pero no es todo.
Según Corral, con Duarte se arrendaron también un número indeterminado de inmuebles, algunos de los cuales fueron utilizados por sus ocupantes como oficinas privadas. Ello ocurrió, por ejemplo, cuenta, con la Junta Municipal de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes y Juárez.
Como parte de su política de austeridad, el mandatario dispuso A partir de ahora, no sólo dejará de arrendar oficinas, sino que venderá propiedades y vehículos de los que puede prescindir sin afectar a la ciudadanía, entre los que se encuentra la Casa de Gobierno que habitaron sus antecesores José Reyes Baeza Terrazas y César Duarte.
–Asignación irregular de plazas laborales en el magisterio estatal.
En este punto, Corral detectó que en los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) se encontraron plazas que fueron otorgadas de manera irregular a personas allegadas al líder sindical de la Sección 8.
“Hemos recuperado plazas, adscripciones en Cobach, SEECH, Conalep, Institutos Tecnológicos; las hemos orientado a trabajadores que realmente las merezcan y a otros les hemos retirado plazas que se dieron por ejemplo en nivel medio superior con alto sueldos, por influencias”m indica.
Y añade que también se recuperaron inmuebles que se utilizaban de manera privada.
Otra anomalía nada menor es, prosigue, la asignación irregular de contratos en que incurrió el gobierno duartista.
De las indagatorias realizadas a la fecha se sabe que 50% de los mil 700 proveedores que trabajaron con la administración anterior obtuvieron contratos de manera fraudulenta, por lo que Corral advierte de antemano que no se les pagarán los 2 mil millones de pesos que pretenden cobrar ahora.
El gobernador dice que colaboradores de Duarte crearon empresas en el rubro farmacéutico con el único propósito de autoadjudicarse contratos millonarios.
Además, refiere que 78% de las obras y contratos se asignaron de manera directa de manera inexplicable.
De igual forma se conoció que el Consejo de Administración de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) suscribió acuerdos con Duarte para vender una reserva territorial destinada a la vivienda con valor de 3 mil millones de pesos.
Por este caso en particular, la Fiscalía General recibió ya cuatro denuncias con la idea de recuperar los terrenos vendidos a bajo costo y de manera irregular. “Se habían otorgado a precio de ganga, eran ‘cochupos’ que se habían otorgado, en los que se involucró directamente Duarte”, acusa Corral.
Limpia en dependencias
Hasta ahora no todo ha marchado bien en el gobierno de Corral: Empleados del gobierno estatal han denunciado que en distintas dependencias se ha ratificado a servidores públicos que formaron parte de la cadena de corrupción de Duarte, principalmente en Desarrollo Rural, Salud y en la Fiscalía.
Al respecto, el gobernador dice que si bien han hecho una depuración importante hasta ahora, no ha podido actuar con la misma rapidez en otras áreas, en parte –explica– por la propia complejidad del área y en parte por porque no todos los servidores públicos son responsables de lo que hicieron los de arriba. “Estamos teniendo cuidado para deslindar responsabilidad e identificar a los empleados que participaron en dichos actos irregulares o, bien, que eran sometidos a formar parte de esas estructuras”.
Abunda:
“Una estructura tan grande no puede cambiar de la noche a la mañana. La información la hemos ido recabando conforme avanza el gobierno”.
Corral reconoce que la depuración en la Fiscalía General va a paso lento porque se trata de un área complicada, compleja, debido a la infiltración de grupos delincuenciales. “Desmontar eso debe hacerse con mucho cuidado para no poner en riesgo a aquellos servidores públicos con vocación de servicio, comprometidos con su tarea, subraya.
Transparencia
En los primeros 100 días de su gestión, Corral ha repartido su tiempo en poner en orden la casa y en reorientar y transparentar las acciones de gobierno. Por ejemplo, subió las plataformas digitales de publicidad oficial y comisiones oficiales a fin de que la población sepa cuántos recursos se pagan a los medios de comunicación por publicidad y a dónde van, qué hacen y que comisiones cumplen los funcionarios.
Corral se va a los números: Afirma que Duarte gastó 480 millones de pesos en los primeros 100 días de su administración, mientras que él sólo invirtió 12 millones en el mismo periodo.
Luego de la publicación de los convenios contraídos con medios de comunicación, Corral dice que el paso siguiente es la regulación de publicidad oficial.
En el decreto de austeridad que presentó el pasado miércoles, el mandatario incluyó varias medidas en materia de regulación, como la prohibición para contratar publicidad que impuso a las dependencias y unidades de gobierno, salvo la de Comunicación Social.
Además, no se permitirá contratar a una tarifa que no sea comercial o menor a la comercial y se va a distinguir entre la publicidad y la información. “Cuando queramos presentar en algún impreso, una información, siempre señalaremos que es inserción pagada de gobierno del estado, porque viene una prohibición absoluta de contratar o comprar cobertura informativa. Sólo vamos a comprar publicidad”, explica Corral en la entrevista.
Para impulsar y dignificar la profesión periodística, el gobierno de Chihuahua destinará una partida importante a apoyar proyectos periodísticos independientes, sin condicionar línea editorial.
“Lo vamos a hacer como lo hace el Estado español, que tiene por ley un sistema de ayudas a la prensa, así le llaman allá, ayudas, pero en realidad son estímulos y reconocimientos para que florezca la verdadera libertad de expresión y que los periodistas puedan ser dueños de sus propios medios de comunicación. Aquí el gran problema de medios es que los dueños empresarios”.
En la entrevista, Corral habla luego de la decisión del gobierno de Peña de aumentar los precios de las gasolinas y de las repercusiones que tuvo la medida y que, en su caso particular, provocó que echara mano del uso de la fuerza pública para contener la irritación social.
“El gasolinazo es la más dura prueba que hemos tenido en el gobierno. No cuestionamos los fines, pero tenemos diferencias sobre los métodos para enfrentar el gasolinazo y digo que es una prueba para la pluralidad porque es evidente que en las protestas se fueron infiltrando otras fuerzas con el propósitos de hacernos tronar el acuerdo fundamental”, justificó.
Según el mandatario estatal, las protestas sociales en Chihuahua derivadas del gasolinazo tenían el propósito de minar su gobierno. “Decían, ‘a ver vamos a poner a prueba a este gobierno plural y vamos a obligarlo a que use la fuerza y nos macanee. Afortunadamente superamos la prueba, creo, hasta ahorita, porque hemos podido encontrar una forma en la que cada quien exprese con toda dignidad y toda propiedad su punto de vista”.
En su caso, dijo que encontró la comprensión de algunos liderazgos que tienen afinidad con la agrupación Alianza Ciudadana y los convencí de no resistir la acción de fuerza pública, que no tenía de otra para hacerlo.
“Ese tipo de protestas, de manifestaciones, –toma de casetas de peaje y oficinas estatales, así como de Pemex–, dice, causan más daño a la gente que mover las fibras del gobierno”, sostiene.
A pesar de que el uso de la fuerza pública dejó lesionados en algunos casos, Corral defiende su proceder. “No nos dejaron otra salida, tenían bloqueado el tren por cinco días, esa medida dañó mucho”, finaliza.
