1.- El 21 de agosto del año 2000 se puso en marcha la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. Tres meses después, más de 150 integrantes y con un libro de propuestas se entregaron los resultados de un esfuerzo importante. El 22 de noviembre del año 2000, el presidente Fox se comprometió a asumir como propias las conclusiones de la Comisión. Seis años más tarde vino la reforma en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, conocida como la “ley Televisa”. Sin reformas primero y luego con reformas regresivas, la incipiente democracia mexicana tiene que cargar con dos lastres: la partidocracia y la mediocracia.

• La partidocracia, representa el encierro de una clase política que ha sido incapaz de construir acuerdos para consolidar la democracia, y por supuesto, para fortalecer el desarrollo del país. Tenemos a un conjunto de actores políticos obsesionados primero con la sucesión presidencial, y luego por quedarse con la presidencia, sin importar los medios para conseguirlo. Actores que paralizaron cualquier posibilidad reformadora. Partidos que tienen dinero público, mucho dinero y televisión, así que no necesitan ni ciudadanos, ni hacer política.

• La mediocracia, es el complemento y pareja de la partidocracia, ambas se reproducen en una democracia, pero en “la democracia, la justicia la imparten los jueces y los tribunales; en la mediocracia, son los medios los que absuelven y condenan. En la democracia, la verdad surge de los hechos y el análisis, en la mediocracia, la verdad la tiene el que muestre más videos. En la justicia de la democracia, el acusado tiene derecho a un defensor y es inocente hasta que se pruebe lo contrario; en la mediocracia, la imagen es acusadora, prueba y verdugo, y la condena es irreparable e inapelable” (Pablo Antillano, La mediocracia, El Nacional de Caracas, en Raúl Trejo Delarbre, Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos, pág. 18). /

La mediocracia mexicana ha sido inmune a la alternancia presidencial, es más, el gobierno “del cambio” agravó el problema: “...los principales medios en pocas manos, la existencia de criterios poco claros y no institucionales para normar las relaciones entre el gobierno y los medios, el mantenimiento de un sistema de un sistema de concesiones de radiodifusión sustentado en la decisión discrecional del gobierno y la casi total inexistencia de parámetros éticos que orientan el comportamiento de los medios” (Raúl Trejo, op. cit. P. 95). Con la ley televisa este conjunto se agudiza. Una de las modificaciones más importante en este sexenio fue el cambio en los tiempos públicos conocido como el “decretazo” que modificó el tiempo que tenía el gobierno, el 12.5% en radio t.v. de 180 minutos en t.v. pasó a tener sólo 18 en t.v. y en radio 35 minutos diarios. En materia de medios el déficit democrático es una realidad que continúa, a pesar de que las estructuras de ampliación de libertad se han mantenido y se han incrementado en estos años. 2.- El centro del problema de corrupción que viven hoy los partidos políticos en México tiene su origen en la última reforma electoral que se llevó a cabo en 1996. Con el objetivo de buscar un modelo de competitividad y equidad, se crearon incentivos perversos que han generado un modelo de financiamiento y acceso a los medios masivos, que lleva a los partidos a quebrar las reglas del juego de forma permanente. A pesar de los millonarios recursos públicos a los que tienen derecho los partidos, la lógica de la competencia electoral conduce a la necesidad de tener presencia en los medios electrónicos, sobre todo en el medio más costoso, la televisión, por eso siempre se necesita más dinero, aunque se adquiera de forma ilegal.

El modelo establece que el financiamiento público prevalece sobre los demás; que los partidos tienen obligación de rendir cuentas; que el esquema de financiamiento tiene un componente que se reparte 30% de forma general y 70% de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos en la elección anterior / . La otra parte del modelo tiene su complemento en el esquema de acceso a los medios electrónicos de comunicación / .

Con este esquema, que se inauguró en las elecciones intermedias de 1997, se logró una parte positiva, por primera vez los partidos de oposición tuvieron acceso a la televisión y en horarios triple A. Tanto los recursos públicos, como el acceso a los medios, construyeron condiciones de más equidad. Sin embargo, el gusto duró poco, porque en la elección presidencial del año 2000 empezaron a surgir los problemas. El Pemexgate y Amigos de Fox, fueron las primeras evidencias de que el modelo contenía incentivos perversos.

Las campañas se han convertido en mediáticas y la presencia en la televisión se volvió imprescindible. Sin embargo, con el esquema no sólo llegó la alternancia, sino también la ausencia de debates, de ideas y proyectos. La elección del 2003 fue una campaña de medios, pero no tuvo ideas y proyectos, sino pura mercadotecnia. Con las reglas que existen y el nivel de competencia que hubo en 2006, se puede entender una parte de la crisis postelectoral por la que atravesamos.

3.- Llama la atención que después de haber tenido un sexenio caracterizado por una fuerte parálisis legislativa, de pronto se haya aprobado una reforma altamente cuestionada en materia de radio, televisión y telecomunicaciones. Las televisoras privadas lograron imponer su proyecto, conocido como “ley Televisa”. La historia es breve: en diciembre pasado se hizo un rápido procedimiento en la cámara de diputados, en donde todos los partidos aprobaron, sin discusión, ni conocimiento, reformas a la ley de radio y televisión y a la ley de telecomunicaciones. La reforma pasó a la segunda ronda en el Senado, la cámara revisora, que estableció amplias consultas con especialistas en la materia. Parecía que los senadores harían el trabajo que los diputados no hicieron, entre otras cosas porque el tema tenía ya cinco años en la cámara alta. Sin embargo, de pronto, como suceden los arreglos oscuros entre los poderosos, se logró que los dos partidos mayoritarios en el Poder Legislativo, PRI y PAN, se pusieran de acuerdo para aprobar la misma reforma que los diputados aprobaron en diciembre. Así, el 30 de marzo se aprobó la reforma en el senado sin cambiarle una coma al texto. Es parte de lo que se conoce como el ‘pacto oligárquico’.

Los riesgos de una regulación débil ponen de nuevo en crisis al Estado frente a los poderes fácticos. La Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) fue explícita en su evaluación y señaló que se “reduciría aún más la capacidad del Estado de ejercer su rectoría en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, para asegurar el interés público y el desarrollo del sector en un ambiente de convergencia y competencia” (El Universal, 24/III/2006). Pero esa opinión no le importó a los partidos, lo que realmente los tenía sin sueño al PRI y al PAN, era ganar la elección del 2 de julio y para ello estuvieron dispuestos a cualquier trato con los poderes fácticos, las televisoras comerciales.

La democracia mexicana no ha logrado generar una ampliación de los espacios públicos para debatir los grandes temas de la agenda nacional; o al menos no ha logrado que esos espacios sean eficientes y tengan resultados positivos para profundizar la democracia. Con las reformas a la ley de radio y televisión lo que los ciudadanos vimos es que la independencia del poder legislativo se ha pervertido: se ha pasado de la tutela del poder ejecutivo, que se ejercía en el viejo régimen, a un sometimiento a los intereses particulares.

El fondo del problema tiene que ver el actual modelo de vinculación entre política electoral, dinero público y medios masivos. Los partidos tienen financiamientos millonarios que son canalizados principalmente a la televisión; el dinero sale de la hacienda pública para llegar a las cajas de las televisoras. Con ello se hacen campañas de pura mercadotecnia y la ciudadanía se intoxica de spots. El eslabón que le faltaba a este modelo era una reforma a la ley de radio y televisión hecha a las necesidades de las grandes empresas de televisión comercial.

Los argumentos de los senadores que votaron en contra de la “ley televisa” sólo encontraron como respuesta consignas. La orden superior fue no cambiarle nada a la minuta que fue aprobada por los diputados en diciembre pasado. Los senadores que votaron a favor de la reforma fueron de tres tipos, los que sabían cómo había sido la negociación con las televisoras y que actuaron como operadores de esos intereses; los que obedecieron la consigna de sus partidos, y si nos ponemos generosos, los que pensaron que era mejor aprobar esa reforma que dejar las cosas como estaban.

De corta memoria fueron los legisladores que ubicaron esa “ley Televisa” como avance. Se ha querido comparar el caso con el largo proceso de reformas electorales, pero se olvida que ya no estamos en un sistema autoritario al que se le iban ganando pequeñas batallas. Ahora había condiciones para construir un espacio público regulador que modernizara el sector y diera certidumbre a la industria de la radio y la televisión. Pero, mientras el estado no tenga voluntad política de asumir su papel de regulador de esos intereses, y construir un espacio público realmente autónomo y no una regulación de juguete, la lógica de las nuevas reglas no cambiará, por más parches que se le hagan.

La votación en el senado no se puede entender desde una mirada exclusivamente partidista, porque la contradicción de estas nuevas reglas atravesó a los partidos y los ubicó en dos posiciones: los que piensan que el país necesita un Estado con perfil regulador y con una autonomía fuerte frente a los intereses, lo cual implica defender un espectro radioeléctrico que exprese la pluralidad, la diversidad y la complejidad de un país como México en el Siglo XXI; y los que anteponen los beneficios inmediatos y el pragmatismo electoral para ganar las elecciones y posponen la construcción de una autoridad con fortaleza institucional.

No está demás recordar los costos de unas reglas que benefician sólo a unos cuantos: un órgano regulador que pasará, como bien dijo la senadora Dulce María Sauri, que hizo una brillante argumentación a partir de los verbos que describen las facultades de la Cofetel actual: como emitir, resolver, autorizar; y los nuevos verbos que ahora serán, promover, opinar, coordinar y someter a la aprobación de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en pocas palabras será sólo una ventanilla, porque el poder de decisión se mantendrá donde siempre ha estado, en el poder ejecutivo. Se mantiene la discrecionalidad.

4.- Una larga lista de asuntos quedaron fuera de esa ley, como el derecho de replica; la comercialización para radios permisionarias; la no actualización del articulo 5 de la ley que define la función social del servicio; se mantuvo el régimen de excepción que discrimina a otros medios; se cerró la posibilidad para estaciones comunitarias, nuevos permisionarios y concesionarios; no se dio oportunidad a permisionarios para acceder a tecnología digital, porque la convergencia tecnológica será sólo para medios privados; quedó fuera la propuesta para que el Instituto Federal Electoral (IFE) contrate espacios, ahora lo podrán hacer directamente los candidatos; no se regula una sana competencia, porque se dio un trato diferencial entre nuevos y viejos concesionarios, etcétera (El Universal 31/III/2006). Fueron tantos los vacíos y problemas de la reforma, que inmediatamente empezó a circular una iniciativa paralela con el fin de “corregir” los errores de la reforma. Sin embargo, este proyecto no resuelve los temas de fondo y mantiene un espacio regulador débil, y además, no prosperó.

Los senadores se negaron a incorporar las críticas y demandas de la sociedad y del mismo gobierno, de la Cofetel, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), del IFE; de los medios públicos (IMER, Canal 11, Radio Educación, Radio UNAM), y todos los que se agrupan en la red de radiodifusores culturales y comunitarios; de sindicatos, periodistas, analistas, expertos y estudiosos. Esos senadores y diputados, que ni siquiera leyeron para enterarse qué votaron, no merecen ningún respeto de la ciudadanía. Otro recurso para detener la reforma fue la expectativa de que el presidente Fox vetara la ley, pero fue una simple ilusión porque la publicó gustoso y, además, de forma rápida, sólo 12 días después de haberse aprobado en el Senado.

Parece que ahora quedan dos rutas: una es la lucha ciudadana, la organización de la sociedad, la protesta, porque una vez más la clase política ha fallado; y la otra es la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación al recurso de controversia constitucional que interpuso un grupo de senadores de los tres principales partidos.

México está urgido de tener espacios de regulación pública que tengan transparencia; es necesario terminar con la discrecionalidad y con el tufo concentrador en el que se mueven los grandes concesionarios de los medios masivos. Mirar los cambios tecnológicos y un futuro que ya llegó obliga a pensar en la construcción de espacios que sean realmente públicos. Sin embargo, con esta reforma se compromete de forma importante las capacidades reguladores del Estado y se da un paso firme hacia la concentración. En pocas palabras, estamos ante una regulación débil, un espacio radioeléctrico repartido de forma discrecional y un beneficio concentrador para las grandes televisoras comerciales. Sin duda, son tiempos oscuros de una democracia que ha resultado fallida.

Concluiremos con un texto de Manuel Castells que ilustra con claridad meridiana el momento mexicano: “La política se ha encerrado en el espacio de los medios. Los medios se han vuelto más poderosos que nunca, tecnológica, financiera y políticamente. Su alcance global y su interconexión les permiten escapar de los controles políticos estrictos. (...) La política mediática es una operación cada vez más cara (...) Los actores políticos padecen una infrafinanciación crónica y la brecha entre los gastos necesario y los ingresos legales ha aumentado de forma exponencial, y continúa haciéndolo (...) esta es la matriz de la corrupción política”.

Y podemos añadir, este modelo alimenta y vincula a la mediocracia con la partidocracia, dos enfermedades de la democracia mexicana.