Iniciativa propone mecanismo expedito para la protección de los derechos sociales

Despacho de prensa, 5 de agosto de 2010.

Javier Corral Jurado, Diputado Federal del Partido Acción Nacional (PAN), presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 4 de agosto, una iniciativa de ley que pretende regular las acciones colectivas y la tutela de intereses difusos, y con ello reglamentar el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución, añadido el pasado 29 de julio de 2010.

La iniciativa de ley busca implementar en México un mecanismo jurídico que garantice la protección de los derechos sociales, también conocidos como de tercera generación, pues, por ahora, no existe un instrumento que los ampare, a diferencia de países como Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, Chile, Costa Rica, entre otros donde tal protección jurídica existe.

La importancia de las acciones colectivas radica que en múltiples ocasiones, una misma acción por parte del gobierno, o de alguna organización particular, afecta a cientos de personas, sin embargo, para ser sujeto de protección de amparo (y con ello defender el derecho), actualmente se exige demostrar una afectación directa en el plano individual, por lo que la mayoría de las veces la demanda no prospera.

En México, para atender la defensa de los derechos colectivos, se han creado organismos como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), y la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (CONDUSEF), sin embargo, no han sido suficientes para detener arbitrariedades generadas por empresas prestadoras de servicios, o las mismas entidades de gobierno.

La iniciativa presentada por Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, está compuesta por 51 artículos, en donde plantea que la acción colectiva, o de intereses difusos, podrá ser promovida por instancias federales, estatales o municipales, organismos autónomos, organizaciones sin fines de lucro, así como personas físicas individuales.

En la propuesta se define a la acción colectiva como “aquellas interpuestas por un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios a dichas personas, las cuales son determinadas o fácilmente determinables. En el caso de las acciones de intereses difusos, las personas afectadas no son determinadas o fácilmente determinables por los daños ocasionados”.

Una gran virtud de la iniciativa del Diputado oriundo de Chihuahua, es que plantea un mecanismo expedito para la resolución de la demanda, en donde el juez de circuito tendría un plazo de sólo noventa días para dictar sentencia definitiva.

De ser aprobado por el Congreso, entre los requisitos que deberá presentar la parte demandante está la indicación del derecho o interés colectivo amenazado, la enunciación de las pretensiones, la indicación de los hechos que la motivan, las pruebas, y el nombre del demandado, o presunto responsable.

Otro elemento que incorpora la iniciativa para la protección de los derechos vulnerados, es la facultad del juez para ordenar medidas cautelares, si es que la acción que se busca detener está en curso, y además propone, crear la figura de la audiencia de la reconciliación, a quien también podrá utilizar el juez para que las partes involucradas puedan suscribir un convenio y dar por terminado el juicio.

De tal forma, en caso de que la sentencia resultara a favor de la parte demandante, el juez deberá establecer el mecanismo por el cual el demandado deberá resarcir los daños, y delimitar además, con precisión, la composición del grupo de personas afectadas.

Con la presentación de la iniciativa, “ahora sólo falta que los legisladores se atrevan a enfrentar a los monopolios que expolian a la ciudadanía con sus tarifas y precios”, indicó Javier Corral.