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Retos del Congreso

Retos del Congreso

– Javier Corral Jurado

1ro de julio de 2002

En la pasada V Conferencia Internacional, “Los Medios Electrónicos en el Marco de la Reforma del Estado en México”, se escucharon extraordinarias exposiciones en torno a la necesidad de la reforma integral de los medios.

Algunos medios ­sobre todo las televisoras­ volvieron a desdeñar la importancia de la conferencia. Otros ya están resueltos desde ahora a frenar cualquier intento de reforma, sin siquiera conocer los contenidos de un eventual anteproyecto.

Sería deseable que los legisladores correspondieran al valor de nuestros interlocutores y ponentes y, por lo menos, saliera de la V Conferencia un compromiso patriótico ­no sería de otra naturaleza­ para entrarle a la reforma de los medios electrónicos en lo que resta de esta Legislatura.

Tres conceptos básicos de la comunicación presidieron la mesa donde participé: pluralidad, acceso y competencia.

Primero. El valor de la pluralidad. Un solo discurso mediático de la realidad, dominante, capaz de marginar o silenciar otros discursos de la realidad, sólo es concebible en condiciones de precariedad o indefensión de las instituciones democráticas, de franco autoritarismo, ya sea impuesto por monopolios de poder político o del capital privado. De ahí que un importante foco del debate mundial de hoy, en las sociedades democráticas, se centra en las condiciones de propiedad y demás formas de control de los medios; sus efectos en la generación de condiciones para la expresión de la pluralidad de intereses, de manifestaciones políticas y culturales, así como para su supresión, a través de versiones únicas o desproporcionadamente dominantes de la realidad.

Dos. El acceso a los medios, a su vez, es uno de esos conceptos que más se valoran cuando están ausentes, son insuficientes o están en peligro de desvanecerse en una sociedad. Se trata del derecho a comunicar y a comunicarse a través de los medios que tienen los diferentes grupos, las fuerzas políticas y los portadores de estilos propios de vida; incluye hoy el derecho de esos grupos a que su presencia y expresiones en los medios, una vez logrado el acceso, no sean enmarcadas en situaciones sistemáticas de descrédito, prejuicio, rotulación o desviación, dictadas por los discursos dominantes, a través de nuevas y viejas formas de control de los medios.

Tres. El valor de la competencia, finalmente, se explica como una de las condiciones indispensables para la expresión de la pluralidad y los derechos de acceso, sin deformaciones ni desviaciones de las expresiones, de la diversidad en todos los órdenes. Los tres valores se entrelazan e interactúan en las sociedades modernas, a través de marcos regulatorios modernos, que en México se dista mucho de tener.

Al mismo tiempo, experiencias recientes plantean los riesgos de una regresión al condicionamiento del derecho de acceso a los medios, sin marco de descrédito ni descalificaciones previas ante el resurgimiento de actores intocables; ya no como expresión del monopolio del poder político como en el pasado, sino por la concentración del poder económico sobre los medios, a través de la concentración de la inversión accionaria y publicitaria en nuevos esquemas de monopolios privados.

Languidecen así, consecuentemente, las condiciones para una saludable competencia en los medios electrónicos, tanto en términos de mercado como de un cotejo sin restricciones ni distorsiones entre los grupos e intereses sociales que pretenden concurrir a la palestra pública. Los actores son escogidos por la agenda mediática y no salen o florecen del impulso social transformador.

De ahí la relevancia de arribar a los acuerdos básicos para integrar un marco regulatorio moderno, en el cual el valor de la pluralidad de grupos e intereses se exprese sin restricciones en su capacidad de acceso a los medios, a través de los cuales los grupos e intereses de la pluralidad estén en actitud de concurrir a una competencia abierta por la integración de la agenda del debate público y/o por la participación en el mercado. Aquí aparece otro concepto clave de la comunicación moderna: el mercado.

Fernando Sánchez Ugarte, presidente de la Comisión Federal de Competencia, habló de las consecuencias en el orden económico, de las distorsiones que puede sufrir y sufre el mercado por la concentración excesiva o por los esquemas promonopólicos, en perjuicio de los consumidores y del crecimiento sano de las economías nacionales, indisolublemente insertas en la economía global.

Quiero completar esta visión con algunas consideraciones sobre las repercusiones en el orden político de la concentración excesiva o de los esquemas promonopólicos francos, que avanza a través de nuevos y más efectivos controles de los medios electrónicos, por parte de quienes concentran en ellos la mayor porción de la inversión accionaria y publicitaria.

Relación Estado-medios

Un hecho innegable es que, en virtud del resultado electoral de 2000, se aceleró el tránsito de la evolución del modelo histórico de relación de los medios con el poder público. Aquí, José Carreño Carlón describió tres etapas de este tránsito relación Estado-medios; relación de subordinación de los medios al poder a ultranza, a un sistema de colusión de intereses Estado-medios y luego a un sistema de colusión que se bipolariza con intereses públicos y privados. Entre otros aspectos, se aceleró el desplazamiento relativo del poder presidencial, como contraparte dominante y prácticamente única de los medios, en su condición de definidor primario de la agenda del debate público, hacia otras expresiones de poder ­político o económico, de dentro o fuera del grupo gobernante­ que han ido ocupando los espacios, que ha ido dejando o perdiendo el poder presidencial.

Lo que hoy está en juego es si se va truncar o si vamos a profundizar en este proceso que apenas se ha iniciado. Si vamos a la competencia abierta, entre definidores de la agenda pública, o si simplemente se sustituirá el monopolio del poder presidencial de otros tiempos, como definidor dominante de la agenda, por el monopolio de un solo grupo dominante en la definición de la agenda, desde la concentración del capital privado en los grandes medios electrónicos. En resumen, lo que hoy está en juego es si va a proseguir, se va a frenar o incluso se va a revertir esta nueva etapa en la evolución del modelo, hacia una relación de competencia por definir la agenda pública.

Reglas claras para garantizar pluralidad y competencia

El modelo que proponemos es uno capaz de asegurar la competencia entre pluralidad, cada vez más amplia, de intereses y expresiones. Se trata de una competencia abier-ta entre numerosos y diversos actores con capacidad, para concurrir como definidores primarios de la agenda, en virtud de condiciones que les garanticen el ejercicio pleno de su derecho de acceso a los medios, sin distorsiones por parte de viejos o nuevos definidores dominantes.

Se trata de profundizar, mediante una reforma legal, en el proceso de aproximación al modelo de relación medios-poderes y medios-sociedad. Este tendría que ser un compromiso no sólo de esta Legislatura, sino de esta generación de mexicanos: acordar, en la nueva normatividad de radio y televisión, reglas claras y eficaces, para garantizar la pluralidad y el derecho de acceso a los medios. No sólo la necesidad de que ocurran procesos transparentes en el otorgamiento de frecuencias ni en el anhelo de seguridad jurídica a los inversionistas, sino a través de disposiciones que fomenten la producción y la distribución independientes, imponiendo cuotas dentro de esquemas nacionales de producción y, por supuesto, dentro de ellos, de producción independiente.

Requerimos reglas claras a la competencia económica que eviten esquemas monopólicos y de gran concentración, así como normas que impongan modalidades a la propiedad privada y medios, sobre todo para limitar la propiedad cruzada. Ahí está la clave del proceso democratizador de los medios electrónicos, no en la insistencia del derecho de réplica o los contenidos, casos ganados en el derecho internacional y que México ha ratificado. Estas metas estarán al alcance, sólo en la medida que logremos generar condiciones capaces de promover mercados dinámicos, con una mayor cantidad y diversidad de participantes, en competencia efectiva por elevar la calidad de la oferta a las audiencias.

Medios de Estado: de auténtico servicio público

En México no sólo es posible, sino de urgente necesidad, una tercera cadena nacional en condominio, como la propuso el productor Epigmenio Ibarra, sino también una cuarta y quinta auténticamente públicas, mediante la coordinación y cohesión de los diferentes medios en manos del gobierno y la reconversión de los canales 11 y 22, en medios de Estado de auténtico servicio público. Sólo habrá espacio para la diversificación de los participantes en los medios, en la medida en que propiciemos la diversificación del uso del espacio radioeléctrico, a partir de la digitalización de la red, a fin de hacer factible una mayor proliferación de los servicios de comunicación. De ahí la necesidad de conocer en paralelo los objetivos comunes que deben perseguir la nueva legislación de telecomunicaciones y la nueva Ley de Radio y Televisión, sobre todo en materia de convergencia tecnológica y de competencia económica.

En pocas palabras: si por las presiones de los actores dominantes no acertamos a elaborar un marco regulatorio suficientemente sólido en materia de telecomunicaciones y a crear los instrumentos eficaces para hacerlo valer, no sólo se pondrá en serio riesgo la subsistencia del desarrollo de la competencia en este campo, sino que tampoco habrá condiciones para una regulación que propicie mayor pluralidad, mejores condiciones de acceso y una verdadera competencia en el campo de los medios electrónicos.

Los nuevos monopolios

La liquidación del monopolio estatal en las telecomunicaciones, no se habrá traducido en un mercado abierto de estos servicios sino en un nuevo monopolio: esta vez privado. A la par, el debilitamiento del poder presidencial como definidor dominante de la agenda pública, a través de los medios, no abrirá el paso a la competencia equitativa entre los actores sociales por incidir en dicha agenda, sino que el monopolio de su definición se habrá desplazado a un grupo del capital privado.

Las consecuencias para el desarrollo político y económico del país serían desastrosas, los efectos en los derechos de los mexicanos, como ciudadanos y como consumidores, serían lamentablemente regresivos. Es inocultable el paralelismo entre la tendencia monopólica privada en las telecomunicaciones y la tendencia monopólica privada en los medios electrónicos, como en sus esquemas de control social; son una calca de los métodos utilizados por el antiguo régimen para prolongar el monopolio político.

Hoy, el liderazgo perdido por el gobierno en inversión publicitaria en los medios ha sido ocupado por el grupo que domina el mercado de las telecomunicaciones. Su inversión accionaria en la red nacional de televisión, que concentra 80% del mercado, es determinante para su actual estabilidad financiera, además de que mantiene una presencia activa en otros espacios mediáticos convencionales y emergentes.

Las posibilidades para el financiamiento de campañas de gobierno, de partidos y organizaciones civiles no tienen los límites ni los riesgos del manejo de los fondos públicos, lo que además podría generarle una red permanente de aliados informativos entre gobernantes, legisladores, élites partidistas, intelectuales y líderes sociales.

Por este camino, en las manos de un solo definidor primario, podría estar quedando, otra vez como en el pasado, el poder de condenar al silencio o a la descalificación a competidores e impugnadores al lado del poder de conferir a aliados y subordinados el estatus que otorgan los medios para acceder, ejercer funciones legislativas, ejecutivas, judiciales e informativas, así como los liderazgos culturales y sociales del país.

Los retos del Congreso

Estos son los retos a los que se enfrenta el trabajo legislativo en materia de medios electrónicos: impedir el menor retroceso en materia de pluralidad, acceso y competencia e impulsar la profundización de los cambios hacia una vida política y económica, abierta a la competencia sin monopolios públicos ni privados.

Ciertamente, son poderosos los intereses opuestos a la dinámica del cambio, pero también son muy importantes las fuerzas sociales comprometidas con ésta, que difícilmente estarían dispuestos a aceptar el regreso a una vida económica y política, regimentada por nuevos o viejos definidores dominantes de sus expresiones y de la vida nacional. Por supuesto, y para que no se vuelva a incurrir en ese falso dilema, no necesitamos de la censura ni de ninguna disposición que intente o sugiera controlar los contenidos. Nos oponemos terminantemente a ello.

En nuestro país la tarea es más sencilla de lo que parece, lo que acontece es que la reformabilidad de la ley cayó en un atraso, que la simple idea modernizadora pone en pie no sólo por la inercia de la resistencia al cambio, sino debido a los grandes intereses intocados que en su defensa recurren, desde amedrentamientos hasta el linchamiento público.

Aún no se atisba a reflexionar sobre el grado de sustitución que los medios electrónicos hacen de la política a los políticos y su agenda; ni siquiera de los recursos económicos con los que las organizaciones políticas y el Estado alimentan al poder, que en otros casos ya los desplaza.

El inmediatismo y, por lo tanto, la falta de una clase política con visión de largo alcance, dispuesta a agotarse en sí misma por acometer reformas estructurales de hondo calado, ha impedido valorar el tema como decisivo de nuestra transición política y la consolidación de nuestra democracia. Ese y no otro, es el talante que requiere una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión.

El Congreso de la Unión, como poder soberano, puede acometer una importante reforma estructural que defienda y consolide la democracia, si en realidad se compromete con la nación: la reforma integral de los medios electrónicos de comunicación, que tiene en la Ley Federal de Radio y Televisión su reto más inmediato e importante.