SCHÜTTE & DELSOL ABOGADOS
Ante la distorsión informativa que se ha generado alrededor de este asunto, así como frente a la utilización mediática y política del caso, el senador Javier Corral Jurado anuncia su decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México respecto a los hechos relativos al ilegal intento de su detención el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México.
El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván, quien ha actuado con un doble rasero: por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política y, por otro lado, en Chihuahua, esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración.
La determinación quedará firme respecto de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024; sin embargo, el montaje contra Javier Corral no comienza ni termina ahí. Los diversos delitos cometidos en su contra con el actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del poder ejecutivo del estado de Chihuahua, continúan bajo investigación ante la Fiscalía General de la República por las denuncias presentadas, entre otros, por el propio Javier Corral, así como por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Convencidos de que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a una investigación exhaustiva, a una actuación con debida diligencia y a conocer, con pruebas, quiénes se conducen con rectitud y quiénes se esconden detrás de la mentira y la manipulación, llamamos a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del exgobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia.
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