La cantaleta lleva años repitiéndose: Nicolás Maduro es el jefe de un cártel de la droga. Donald Trump la ha formulado sin matices; Marco Rubio la ha convertido en consigna.
La cantaleta lleva años repitiéndose: Nicolás Maduro es el jefe de un cártel de la droga. Donald Trump la ha formulado sin matices; Marco Rubio la ha convertido en consigna.
En ese relato, el régimen venezolano deja de ser solo un gobierno autoritario atravesado por la corrupción para transformarse en una organización narcoterrorista —el llamado Cártel de los Soles— dedicada a traficar cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
La narrativa quedó formalizada en 2020, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York la incorporó a un expediente judicial y señaló a Maduro como líder de una supuesta organización criminal transnacional integrada por militares, políticos y aliados armados, cuyo objetivo es “inundar” el mercado estadounidense de cocaína.
La operación llevaba maña. Maduro dejaba de ser un presidente autoritario y corrupto para ser reconfigurado como un capo.
Desde entonces, la etiqueta circula como verdad asentada. Ha servido para justificar sanciones, recompensas millonarias, una intervención militar y una narrativa cada vez más explícita: Venezuela no es un Estado erosionado por economías ilícitas; es un cártel que se disfraza de Estado.
La imagen es eficaz y resulta muy oportuna cuando, casualmente, el problema a resolver coincide con un país que tiene petróleo.
El problema —ese pequeño detalle— es que, una vez apagados los micrófonos, la afirmación se desarma con facilidad. La evidencia simplemente no acompaña.
Para empezar, el Cártel de los Soles no nació como el nombre de una organización criminal. La etiqueta es anterior a Maduro y a Hugo Chávez. Aparece a principios de 1993 en la prensa venezolana como una expresión coloquial —a veces irónica— para aludir a militares corrompidos por el dinero del narcotráfico, en referencia a los soles que llevan los generales en el uniforme. No describía estructura ni jerarquía. Era una forma de decir.
Durante años, periodistas y analistas la usaron como atajo para hablar de corrupción militar, no como referencia a un cártel en sentido estricto. Fue un comodín retórico: flexible, impreciso y funcional para convertir un fenómeno difuso en una amenaza con nombre propio.
El salto vino después, cuando esa expresión fue tomada de manera literal por la justicia estadounidense y elevada a categoría penal.
En todo lo publicado seriamente sobre el Cártel de los Soles no hay una sola prueba verificable que permita hablar de una organización criminal cohesiva. Las acusaciones descansan, en lo esencial, en fuentes anónimas del aparato judicial estadounidense y en el testimonio de un supuesto desertor. No hay documentación independiente, ni cadenas de mando identificables, ni mecanismos claros de coordinación. Nada.
¿Qué sí acredita la bibliografía académica sobre crimen organizado y narcotráfico en Venezuela? La existencia de redes fragmentadas de corrupción y protección.
La diferencia no es menor. Un cártel implica cohesión, jerarquía y disciplina; la corrupción estatal suele operar de otro modo: fragmentación, patronazgos selectivos y competencia interna. Confundir ambas cosas no ilumina el fenómeno, lo aplana; en ese aplanamiento la política estadounidense encuentra una ventaja nada despreciable.
¿Por qué insistir entonces, durante años, en llamar cártel a lo que no lo es? Porque la palabra ordena el mundo con una eficacia notable. Traduce un problema político complejo en una amenaza criminal nítida. Convierte a un adversario geopolítico en un enemigo penal. Facilita sanciones, jurisdicción extraterritorial y un lenguaje de guerra que prescinde de matices. Permite —por ejemplo— que el secuestro de presidentes deje de verse como una anomalía y empiece a presentarse como acto de liberación.
No se trata de relativizar la corrupción ni el narcotráfico en Venezuela, ni de absolver a Maduro. Su desprestigio es real, acumulado y largamente trabajado.
Lo que importa aquí es otra cosa: medir hasta dónde Estados Unidos está dispuesto a estirar el argumento de la “guerra contra las drogas” y transformarlo en licencia de intervención.
Hoy el villano útil se llama Nicolás Maduro. Mañana el nombre puede cambiar; el guion, no. Venezuela hoy, otro país después.
México incluido, llegado el turno. Total, el pretexto ya está escrito.
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