Aclara Javier Corral que la pretendida inhabilitación que le busca imponer el recién nombrado Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, Luis Eduardo Naranjo Espinoza, no tiene viabilidad jurídica sobre su cargo de Senador de la República, por lo que afirma es parte de la venganza de la actual gobernadora, María Eugenia Campos, vinculada a proceso penal por formar parte de la nómina secreta durante la administración de César Duarte.

Corral Jurado expresó a través de sus redes sociodigitales que el señalamiento por presunto enriquecimiento oculto, es por haber presuntamente ocultado y no declarado la existencia de un terreno baldío de 270 metros; sin embargo, el legislador explicó que éste no forma parte de su patrimonio, “sólo tengo su posesión, generada por un contrato de promesa de compraventa, que estipula precisamente eso, una obligación a futuro”.

La situación del terreno en comento, explicó le impide declararlo como propio en las declaraciones patrimoniales que desde su intento de compra ha realizado, pues los formatos de las declaraciones que se presentan por Internet no contemplan espacio alguno para declarar bienes inmuebles respecto de los cuales se tenga un contrato de promesa de compraventa.

“Únicamente es posible manifestar en esas declaraciones los inmuebles que son patrimonio del declarante bajo cualquier título que haya adquirido: compraventa, donación, herencia; pero no está previsto espacio alguno en el que se pueda declarar un bien, del cual uno aún no es el dueño”, comentó Corral.

Para el senador de la república, este magistrado de consigna soslayó además acreditar que el incremento patrimonial derivado de la posesión del aludido predio fuera injustificable o inexplicable, pues éste ha demostrado que el valor de ese contrato de promesa de compraventa es por la cantidad de 200 mil pesos, cantidad que podía sufragarla con dos meses de su salario como gobernador.

El legislador, acusó también que el nombramiento de Luis Eduardo Naranjo Espinoza es resultado de su cercana relación con el actual secretario de la Función Pública de Chihuahua, Roberto Javier Fierro Duarte, lo que motivó que a éste le reasignaran su expediente de presunta responsabilidad.

Corral asentó que la resolución y el manejo mediático no le causan sorpresa, “siempre supimos que se trataba de una consigna; sin embargo, impugnaré la resolución mediante los medios ordinarios de defensa, y de ser el caso, agotaré ésta con un juicio de amparo, con el propósito de exhibir la maniobra, su podredumbre e inmundicia”, afirmó.

Agregó que esta nueva acusación, es parte de la persecución política que ha emprendido Campos Galván y el ex gobernador César Duarte, quienes a través de distintas estrategias, acoso mediático, agresiones físicas, encauzamiento penales y administrativos, intentos de secuestro y ahora, la pretendida inhabilitación, “buscan vengarse de quien les denunció, promovió y alentó la más grande investigación que se ha producido en nuestro país en contra de la corrupción política: la Operación Justicia para Chihuahua”.

Corral recordó que esta estrategia que encabezó en su tránsito como gobernador de Chihuahua, permitió investigar, exhibir y castigar conductas ilícitas; por ello, las acciones de Campos y Duarte son cínicas y buscan empatar los cartones; sin embargo, Corral Jurado puntualizó “no somos, ni seremos iguales”.